3. Evolución histórica.

Sin pretender agotar todo el derrotero de los recursos del Estado, es dable afirmar que existieron tributos ya en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma. Los primeros tenían impuestos progresivos sobre la renta, los segundos imponían gravámenes al consumo y por último los romanos tenían diferentes tributos.

En la España medieval, fruto de la herencia de sus invasores europeos (romanos y visigodos), los reyes castellanos otorgaron tierras a los señores feudales y militares, a cambio de pagar un tributo por su uso, sea en carácter comunal (aguas, bosques), como privado (minas y salinas). Como los recursos provenían del derecho divino, se denominaron regalías.

Sin embargo, no fue hasta la revolución francesa que comenzaron a ocupar un lugar trascendente en el “menú” de financiamiento de las acciones de gobierno.

Antes de eso, los recursos originarios o patrimoniales tuvieron importancia primordial en el Estado absoluto y como prosecución de las finanzas de la época feudal.

Hubo momentos en los que el señor feudal era titular de un dominio eminente sobre todas las tierras y los bienes de su jurisdicción y con derecho a los frutos de las actividades de sus súbditos. Como dice Jarach (1983, pp. 225-227) era generosidad del señor, la parte que de esos frutos podían disponer para sí los particulares, aunque la arbitrariedad estaba atemperada por la necesidad de asegurar a los súbditos, por lo menos, un nivel de subsistencia y por cierto temor religioso, o más mundanamente, a la reacción de éstos.

Las monarquías absolutas heredaron este régimen, transformando las finanzas públicas en un enjambre de derechos sobre cada actividad, que conservaban la contraprestración simbólica de concesiones del soberano al súbdito pero que, en realidad, eran el preludio de los tributos que caracterizarían el régimen de recursos posterior a la revolución de 1789.

La época de los estados constitucionales surgidos bajo esta influencia marca la declinación relativa de los recursos originarios a favor de los tributarios.

No obstante, luego de la Segunda Guerra Mundial, y también de la mano de las ideas socialistas (o simplemente de un estado empresario) los recursos que se obtienen a partir del uso del patrimonio estatal han tomado diversos bríos. Sobre todo, la creación de empresas estatales que se hacen cargo de determinadas producciones (petróleo, gas, etc.) o servicios (ferrocarriles, aerolíneas, entidades financieras, etc.), han generado un remozado aporte de este tipo de ingresos a las arcas oficiales.

Lamentablemente, en muchas oportunidades la gestión oficial ha provocado más déficits que superávits en tales actividades, lo que ha justificado, a su vez, nuevas privatizaciones que, más allá del análisis respecto a la gestión, también pueden verse como fuente de ingresos originarios.

En cuanto a la utilización de los recursos como fuente de financiamiento de los gastos públicos, también es posible apreciar una evolución, marcada por las ideas imperantes en cada momento histórico.

Para los economistas de la escuela clásica, los recursos públicos sólo debían utilizarse con una finalidad fiscal, cumpliendo así con sus funciones esenciales. Con el paso del tiempo, al Estado se le han ido asignando nuevas funciones, por lo que ya no sólo se lo considera cómo pensaban los clásicos, sino que se convierte al igual que los gastos públicos en instrumentos extrafiscales, para intervenir en aquellas actividades desarrolladas por la comunidad.

Estas finanzas consideraban que los recursos públicos cumplen dos funciones: una es la acción fiscal y la otra es actuar como medios intervinientes en el ordenamiento de actividades llevadas a cabo en el país, regulando de esta forma la actividad económica.

Fue dejada atrás la propuesta de los mercantilistas de utilizar instrumentos fiscales cómo medios reguladores de la economía, a causa de las ideas de la economía liberal que proponía que el Estado debía intervenir lo menos posible en las actividades económicas del país. Es por ello que alrededor del siglo XIX procurando reducir la deuda pública, se ha tendido a restringir los ingresos por parte del Estado a los recursos tributarios, juntamente con estos recursos se comenzó a utilizar el crédito público, tomando gran importancia también los recursos de tipo patrimonial.