Título: Empleo público y discrecionalidad administrativa
Autor: Ivanega, Mirian M. 
Publicado en: RDLSS 2012-5, 01/03/2012, 411
Cita Online: AR/DOC/6122/2013
Sumario: I. Introducción.— II. Los hechos.— III. La decisión judicial.— IV. La Administración Pública, carrera administrativa y empleo público.— V. La discrecionalidad administrativa.— VI. En síntesis.
I. INTRODUCCIÓN
Una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte Sup.) el pasado 27/12/2011 (1) nos pone frente a un conflicto de empleo público que el tribunal resuelve, principalmente, a partir de la discrecionalidad administrativa y sus límites.
El caso, si bien nos ha merecido otros comentarios (2), permite volver a reflexionar acerca del alcance de los derechos de los agentes públicos y su vinculación con la organización de la Administración Pública.
II. LOS HECHOS
El actor —agente de planta permanente de la Sindicatura General de la Nación— (3) interpone demanda a efectos de obtener la nulidad de las res. 58/2003, 59/2003, 5/2004 y 6/2004, dictadas por el síndico general de la Nación y el cobro de indemnización.
Hasta el dictado de la res. 58/2003, cumplía funciones transitorias en un cargo de mayor jerarquía —secretario general— (asignadas por res. 30/2002 y 31/2002) al de su situación de revista original. Por aquel acto fue desplazado —se designa otra persona en su reemplazo—, invocándose razones operativas y reasignación de funcionarios en distintas áreas del organismo demandado.
Posteriormente, se le asignan otras funciones transitorias en una categoría diez veces menor a la que venía desempeñando y, por último, se le otorgan funciones propias de su categoría inicial —de rango inferior a la última desempeñada—.
El art. 14, Estatuto del Personal de la SIGEN, en su texto original establecía: "El personal que en virtud de una disposición de autoridad competente, desempeñe transitoriamente funciones correspondientes a una categoría superior por un período mayor de dos meses, percibirá con retroactividad la retribución correspondiente a esta última, mientras dure el interinato, el que no podrá ser superior a seis meses".
Posteriormente, la racionalización del gasto público y el consiguiente congelamiento de vacantes motivó la sustitución de dicho artículo: "El personal que, en virtud de una resolución del síndico general de la Nación, desempeñe transitoriamente funciones correspondientes a (una) categoría superior percibirá la retribución correspondiente a esta última. La transitoriedad de tales designaciones, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia corresponden al síndico general de la Nación, se extenderá hasta tanto se perfeccionen y sustancien los procedimientos reglados de desarrollo de la carrera administrativa" (res. SGN 28/2002).
Con esa base normativa, el acto que nombró al actor —junto a otros funcionarios— en el cargo superior dispuso que las designaciones tendrían carácter transitorio, hasta tanto se perfeccionaran y sustanciaran los respectivos procedimientos de la carrera.
III. LA DECISIÓN JUDICIAL
La Corte Sup. —en voto mayoritario— (4) reconoció: 1. La Administración sujetó esa clase de nombramientos al acaecimiento de una condición resolutoria "o bien, como reza el texto de aquel art. 14, asumió el compromiso de que la transitoriedad de las designaciones efectuadas 'se extenderá' hasta que se sustancien los procedimientos relativos al desarrollo de la carrera administrativa".
2. El síndico pudo ejercer las atribuciones que le confiere el art. 112, ley 24156 (5), y desplazar del cargo a los agentes antes de la sustanciación de los concursos, pero excepcionalmente y frente a razones fundadas.
3. Como consecuencia de lo anterior, no correspondía que pusiera fin a la designación en forma anticipada, alegando genéricamente los argumentos incluidos en la citada res. 58/2003.
4. De esta forma, debió especificar el motivo por el cual era imposible mantener al actor en el cargo transitorio, pues dicha exigencia es requerida aun tratándose de atribuciones discrecionales, dado que ello no exime al órgano administrativo de cumplir con los requisitos del acto administrativo conforme la ley 19549.
5. Es improcedente confundir "la discrecionalidad en el actuar de la Administración con la irrazonabilidad de su proceder (ver sentencia en la causa 'Schnaiderman', registrada en Fallos 331:735)".
6. Tampoco pudo obviar la ponderación de los antecedentes del actor, pues su idoneidad había resultado relevante para designarlo en un agrupamiento y categoría que correspondía a personal del máximo nivel del escalafón, con responsabilidades gerenciales y de coordinación, entre otras.
7. La empleadora aplica —en los actos administrativos— un "simple cliché", sin valorar los antecedentes del actor, ni la omisión de la convocatoria a concursos, ni los motivos de la reasignación de una categoría marcadamente inferior (párr. 5, consid. 7).
En síntesis, dado que las resoluciones expresaban fórmulas carentes de contenido, y que se actuó con irrazonabilidad en el ejercicio de facultades discrecionales, los actos cuestionados fueron considerados nulos por vicio en la causa y la motivación, aparejando ello la obligación de indemnizar el daño causado.
De esta breve reseña, es posible deducir que el análisis de la Corte se centra en las deficiencias de las resoluciones de la SIGEN, sin profundizarse el alcance de la relación de empleo, su vinculación con la organización administrativa, ni los derechos emergentes de la carrera administrativa.
IV. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CARRERA ADMINISTRATIVA Y EMPLEO PÚBLICO
1. La organización es un fenómeno connatural a cualquier grupo humano cualificado y a la actividad de administrar, que no existe separada de él. Toda asociación que pretenda un mínimo de perdurabilidad presenta cierta organización, es decir, la disposición racional de determinados medios materiales y personales, que se ponen al servicio de una finalidad común a los miembros (6).
En algunos supuestos, el accionar del grupo no se agota en su propio beneficio, sino que lo trasciende con efectos jurídicos a terceros. Este es el caso de la Administración Pública.
Desde la teoría de las organizaciones, se entiende que el administrador público actúa y se expresa conforme a un contexto organizacional, enfrentándose a decisiones que afectan la vida de los humanos. Los que participan en la Administración Pública —con prescindencia de la función que cumplen— toman decisiones que, en mayor o menor medida, inciden en la sociedad, que se basan en leyes, normas e incluso tradiciones públicas, pero que son el reflejo de juicios fundados en valores y apreciaciones personales que traducen una relación compleja. Toda decisión es la respuesta a un problema, lo que traduce la estrecha relación entre la política y la Administración (7).
El derecho público se ha preocupado por esta organización, a partir de su integración, los principios que la rigen, las funciones que se cumplen en su seno, las relaciones jurídicas internas y con los ciudadanos.
Ahora bien, cualquiera fuese la disciplina desde la que se parta, lo cierto es que estamos frente a una organización burocrática profesionalizada que carece, en sí misma, de legitimidad propia, al encontrarse subordinada en su estructura y funcionamiento a las instituciones políticas representativas (8).
Ella es el centro material de las relaciones de empleo público, por eso las modificaciones de ese vínculo deben necesariamente producirse a partir de los objetivos y fines que persigue, aspectos que implican una valoración concreta de sus necesidades estructurales y de las demandas sociales.
En el conflicto aquí analizado, si bien la Corte Sup. no pone el acento en la Administración, entendemos que está implícito en su razonamiento cuando analiza el margen de la discrecionalidad. Es que la SIGEN utiliza argumentos ajenos a la relación jurídica que mantiene con el actor; las razones que supuestamente la llevaron a adoptar las resoluciones son situaciones propias de su organización interna: ellas resultan insuficientes y no logran exponerse en forma precisa.
2. El Máximo Tribunal señala que los argumentos de la SIGEN expresados en los actos administrativos cuestionados son un simple cliché.
Pero también son un cliché las frases incluidas en las designaciones transitorias, vinculadas a la convocatoria a concursos. Entre la futurología y las promesas, hace varios años se van sucediendo nombramientos que reiteran, una y otra vez, similares expresiones como la incluida en la designación transitoria del actor —a modo de condición resolutoria, según se señala en el fallo— ("hasta tanto se perfeccionen y sustancien los procedimientos reglados de desarrollo de la carrera administrativa").
En sí mismo, no es incorrecto que la Administración, frente a la emergencia pública, la consiguiente racionalización administrativa y el congelamiento de vacantes, suspenda los procedimientos de selección y promoción de personal, y así lo exprese en cada resolución. Lo irregular es que la suspensión prácticamente se ha convertido en la anulación, no de un procedimiento, sino de un derecho, el de la carrera administrativa.
Por eso, resultaría ajustado a derecho que la Administración demostrara los efectos negativos que puede acarrear la aplicación del sistema de carrera, pues se trata de un derecho del trabajador y un deber para ella, cuya omisión afecta a ambos.
Debe reconocerse que la cobertura de cargos con trabajadores que se perfeccionan y capacitan significa un progreso que suele estar unido a mejoras salariales, además del prestigio personal y profesional y la motivación en el desarrollo de sus funciones. Pero también la organización se ve beneficiada, pues la fuerza del trabajo en esas condiciones permite el mejoramiento de su estructura y coadyuva a una gestión más eficiente y eficaz.
La mayor parte de la doctrina administrativa y de los gestores de recursos humanos es coincidente en señalar los elementos que incluye un modelo ideal de recursos humanos y uno de ellos es el establecimiento de un esquema o plan de carrera de los empleados (9).
Hay dos principios o notas propias a la función pública de toda Administración desarrollada: el acceso a la función pública de acuerdo con el principio de mérito y capacidad de los aspirantes y la existencia de una carrera administrativa que ofrezca estabilidad y permanencia. "Todas las demás notas son accidentales, en el sentido de que responden a las características y a la historia de cada país en particular" (10).
El esquema o plan de carrera es, entonces, un elemento estructural esencial en las relaciones de empleo. Esta afirmación, con sus diferencias, es común al empleo público y al privado. Es indudable que no existe un modelo único que resuelva con validez general los problemas de una organización en cada momento, ello porque la carrera se vincula a la propia configuración de la organización, a sus fines y pautas de funcionamiento. Por eso, la determinación del modelo y la dificultad de su uniformidad dependen de tres variables: intereses del empleado, intereses de la organización y la forma de conjunción de unos y otros en el tiempo (11).
El derecho del agente no constituye un derecho subjetivo al ascenso, y así lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación en el sentido de que la pretensión de los interesados de ser encasillados en categorías superiores no pasa de ser una mera aspiración, sin que resulte un derecho que la Administración deba satisfacer, por no existir norma legal que así lo disponga. En esta materia, el Poder Administrador tiene facultades discrecionales (12).
Sin embargo, reiteramos que el agente puede solicitar a la Administración Pública el llamado a concurso, pues, si bien no tiene "derecho absoluto a promocionar", sí lo tiene respecto de su convocatoria.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece en su art. 7 que los Estados parte, cuando sea apropiado y conforme con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Esos sistemas estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Además, incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como la rotación de esas personas a otros cargos. Los Estados también deberán fomentar una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico estatal y promover programas de formación y capacitación que permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.
V. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA
La discrecionalidad que involucra el empleo público —en cuanto a nombramientos transitorios, aplicación de sanciones disciplinarias, disolución del vínculo por razones de interés público, la elección en una terna a consecuencia de un procedimiento de selección o promoción— debe enmarcarse en el orden jurídico administrativo: esa sujeción no significa que la Administración actúe rigurosamente presionada por la normativa jurídica, pues "la proteica realidad administrativa impide el estatismo normativo y el detallismo a ultranza" (13).
Por eso, la búsqueda debe centrarse en un punto intermedio, bajo el lema: "juridizar la Administración pero respetar la discrecionalidad" (14).
Sin embargo, atrás quedó la concepción que ligaba la discrecionalidad administrativa a la vinculación negativa de la Administración con ley, su relación con la actuación libre de aquélla y la incontrolabilidad por parte de los jueces.
La evolución del Estado de derecho produjo la lógica modificación de esos criterios, dando lugar a una discrecionalidad proveniente —en forma expresa o implícita— de la juridicidad. Por eso, lo discrecional y lo reglado dejaron de concebirse en términos absolutos.
A partir de la injerencia que adquieren los principios generales y de derechos humanos en nuestro ordenamiento, en la actualidad se hace referencia a un marco de juridicidad habilitante y controlante de la actividad discrecional, que despliega variantes y gradaciones de la "vinculación positiva" de la Administración, con ciertas condiciones (15).
La discrecionalidad es una "modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere, a quien desempeña la función administrativa para que, mediante una apreciación subjetiva del interés público comprometido, complete creativamente el ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas para el derecho" (16).
Supone cierta libertad, otorgada por una norma legal. La actividad administrativa debe ser eficaz en la realización del interés público; sin embargo, esa eficacia, conveniencia u oportunidad, en algunos supuestos es contemplada por el legislador o por los reglamentos. En otros, se deja a la apreciación del órgano que dicta el acto (17).
Pero este carácter no implica la existencia de una actuación administrativa "libre" del derecho, es decir, no hay discrecionalidad en términos ilimitados, así como no todo lo "no reglado" es discrecional (18). Habrá, sí, grados, matices, intensidades y hasta un quantum de actividad discrecional, que son localizables en un esquema jurídico habilitante y controlante.
En lo que hace al control judicial de la discrecionalidad, al existir la posibilidad de optar por alternativas indiferentes o igualmente válidas para el derecho, se han postulado limitaciones y técnicas como los elementos reglados, la interdicción de arbitrariedad, los principios generales de derecho, los conceptos jurídicos indeterminados (19).
En realidad, toda la actividad de la Administración puede ser revisada judicialmente, aun cuando se presenten distintos alcances y requisitos, según se trate de actividad reglada o discrecional (20).
Recuérdese que en el caso de las potestades regladas, la actividad de la Administración se reduce a constatar el supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicarla agotadoramente. En consecuencia, el juez practica un control que abarca todos los aspectos del ejercicio de la función.
La jurisprudencia de la Corte Sup. ha evolucionado de una concepción restrictiva a un criterio que reconoce el ejercicio efectivo del control judicial sobre la discrecionalidad administrativa (21). Son numerosísimos los fallos en los que revisaron el alcance y efectos de esas funciones (22).
En definitiva, ningún acto administrativo es totalmente irrevisable por tener algún contenido discrecional. Sólo podrá serlo en aquella porción en la cual el funcionario puede emplear su criterio propio, sin encontrarse normativamente obligado a actuar de una forma determinada (23).
Así, cabe recordar la noción "paradoja de las reducciones", que permite describir el fenómeno por el cual, cuando se achica el campo de lo que se concebía como discrecional, aumenta el margen del control judicial y viceversa.
En algunas teorías o enfoques doctrinarios, la reducción del concepto responde a que se mantienen inmunes del control jurisdiccional determinadas zonas de la actividad estatal, calificadas como actividad discrecional o privativa.
El proceso reduccionista no siempre persigue el mismo objetivo, pues al poner el acento en dos órganos estatales distintos (Ejecutivo y Judicial), genera consecuencias radicalmente distintas (24).
Por ello, mientras para algunos el control es parte de la tutela efectiva de los derechos e intereses individuales y colectivos, para otros es susceptible de impedir o dificultar la realización de los fines económicos y sociales que persigue la Administración, en beneficio de los ciudadanos (25).
Es importante destacar que el control judicial amplio a través de la razonabilidad ha justificado la revisión de las facultades discrecionales, al constituir el principio que le otorga validez a los actos estatales y que permite a los jueces, ante planteos concretos, verificar el cumplimiento de dicha exigencia. La prohibición o interdicción de la arbitrariedad actúa como un límite negativo, racional y objetivo de la facultad discrecional (26).
El principio de razonabilidad, sobre la base del art. 28, CN, es identificado con la igualdad, la proporción o el equilibrio axiológico entre el hecho antecedente, el acto administrativo y su resolución (27).
Incluso las medidas adoptadas en el marco de la emergencia que caen dentro de la discrecionalidad del poder administrador fueron evaluadas, sosteniéndose que, por imperio de la Constitución, "también dicho poder debe arreglar su proceder a criterios de razonabilidad que imponen que los medios empleados resulten equitativos y justos, y frente a disposiciones de otros poderes que no reflejen tal proceder, es deber imperioso e indeclinable de la justicia restituir el orden vulnerado, también en cumplimiento estricto de su deber constitucional" (28).
Los derechos humanos como contenido y límite de la actuación discrecional tuvieron recepción, entre otros, en el caso "Baena" (29); la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que en cualquier materia, incluso en la laboral y la administrativa, "la discrecionalidad de la Administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto por los derechos humanos. Es importante que la actuación de la Administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados".
El mismo tribunal, en 2005, enfatizó que los Estados tienen competencia para ejercer determinadas facultades discrecionales "en el ejercicio de algunas de sus decisiones políticas de gobierno", aunque se puso en duda si, conforme a la Convención Americana, podían invocarse tales facultades discrecionales "para afectar situaciones que involucran el ejercicio de derechos individuales" (30).
Estas apretadas consideraciones de uno de los temas más recurrentes del derecho administrativo, como lo es la discrecionalidad, caben ser aplicadas al fallo del 27/12/2011, en el cual la Corte evalúa los hechos, las pruebas y el derecho, a partir de las facultades que tenía la SIGEN y sus límites en la relación de empleo vigente.
En cuanto al control de la causa del acto administrativo, los jueces pueden revisar y verificar, en forma plena, la materialidad y la exactitud de los hechos y del derecho (31).
Lo mismo sucede con la motivación, que no es un simple detalle y exteriorización o explicación de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden el acto y que el Estado tuvo en cuenta para su dictado. Ese elemento "debe ser definido como el vínculo o trato relacional entre la causa, el objeto y el fin". Es, por lo tanto, la relación entre la causa y el objeto y, a su vez, entre éste y la finalidad (32).
El Máximo Tribunal empleó una pluralidad de expresiones para referirse a ese elemento, ponderando, en el caso de los actos discrecionales, la plena aplicabilidad de la ley 19549 y la mayor necesidad de motivación (33).
Su presencia garantiza el derecho de defensa del administrado, haciendo posible el conocimiento de los motivos que llevaron a emitir el acto, lo que permite que luego puedan ser impugnados.
La motivación constituye una exigencia no sólo de "racionalidad sino también de 'constitucionalidad' de la decisión administrativa... Desde el punto de vista constitucional, se sustenta en el régimen republicano y en los valores que inspiraran al constituyente..." (34).
Este requisito ha sido trascendente en el empleo público, en las épocas en las que la expresión "razones de servicio", a secas, era el único justificativo incluido en los actos administrativos que tenían por objeto la separación o exclusión de los agentes públicos.
Las leyes de prescindibilidad, que causaron numerosas cesantías ilegítimas y que se caracterizaron también como medidas de "racionalización administrativa", fueron dictadas con el objeto de disminuir el exceso de empleados públicos, fundadas en la supresión de cargos considerados innecesarios, principalmente por razones presupuestarias.
Si bien en ciertos casos el acto de prescindibilidad se dictaba con reconocimiento de una indemnización proporcional a cada año de antigüedad, en otros ni siquiera se reconocieron sumas indemnizatorias, tal como sucedió durante un período en el cual el argumento fue "razones políticas" (35).
La crítica del sistema se extendió a las sentencias del Alto Tribunal que validaron las prescindibilidades que carecían de sustento fáctico y que se fundaban en la sola voluntad del funcionario. Ello vació de contenido a la estabilidad del empleado público, contradiciendo "la axiología inspiradora de la Constitución" (36).
VI. EN SÍNTESIS
Sin argumentos que remitan a las figuras utilizadas en otros conflictos de no muy antigua data (el trabajo humano y la dignidad del hombre, su protección en los tratados de derechos humanos, en los casos "Madorrán", "Ramos", "Cerigliano", entre otros), la Corte Sup. analiza que la transitoriedad en la ocupación de un cargo de nivel superior por quien reviste el carácter de empleado público permanente merece protección a través de la justificación razonable de las modificaciones que sufra.
La potestad administrativa por sí misma no es ilegítima; lo que requiere es la debida y completa explicación de las razones objetivas y concretas de servicio que generaron la decisión.
Por eso, consideramos que no toda afectación de las condiciones de transitoriedad merecerá similar tratamiento por parte del tribunal. Del fallo no es posible discernir una doctrina acerca de las modificaciones en la asignación de ese tipo de funciones, pero no por ello es menos trascendente, ya que pone coto al ejercicio de funciones discrecionales en una actividad administrativa que puede afectar uno de los derechos fundamentales de la relación de empleo público: la estabilidad.
En definitiva, se trata de exigir al Poder Administrador que dé cuenta de sus acciones, para cumplir los designios del Estado constitucional de derecho.
 (1) Caso "Silva Tamayo, Gustavo E. v. Estado Nacional —Sindicatura General de la Nación— res. 58/2003 y 459/2003 s/empleo público".
 (2) Ivanega, Miriam M., "Apuntes acerca del alcance de la discrecionalidad administrativa en el empleo público", RDA, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2012.
 (3) De acuerdo con la ley 24156 (tít. VI), la SIGEN es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo nacional.
 (4) La ajustada mayoría la conformaron los ministros, Dres. Ricardo L. Lorenzetti, Carlos S. Fayt, Enrique S. Petracchi y E. Raúl Zaffaroni. Los ministros Dres. Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen M. Argibay consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280, CPCCN).
 (5) Art. 112. "Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de la Nación: a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por delegación o mandato; b) organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánico-funcional y el estatuto del personal; c) designar personal con destino a la planta permanente cuidando que exista una equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte; d) efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución (...)".
 (6) Puede verse Barra, Rodolfo, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2003, p. 28.
 (7) Harmon, Michael H. y Mayer, Richard, "Teoría de la organización para la Administración Pública", Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 7.
 (8) Santamaría Pastor, Juan Martín, "Fundamentos de derecho administrativo I", Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, p. 236.
 (9) Palomar Olmeda, Alberto, "El sistema de carrera y su aplicación a los cuerpos superiores de la administración", Ed. Dykinson, Madrid, 2002, p. 10.
 (10) Garrido Falla, Fernando, "Reformas de la función pública", Ed. Tecnos, Madrid, 1985.
 (11) Palomar Olmeda, Alberto, "Organización y empleo público", Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 64.
 (12) Dictámenes 233:200; 261:72; 263:32.
 (13) Sesín, Domingo J., "Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica", 2ª ed., Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2004, ps. 77 y ss.
 (14) Sesín, Domingo J., "Administración...", cit., p. 80.
 (15) En ese sentido, Olivero, Eduardo R., "La discrecionalidad administrativa ante los deberes funcionales de la Administración y las injerencias de los principios de derechos humanos", elDial.com - DC13E8, el 12/8/2010.
 (16) Sesín, Domingo J., "El control judicial de la discrecionalidad administrativa", en "Documentación administrativa", 269-270, mayo-diciembre de 2004, Madrid, INAP, ps. 87 y ss. Comadira, Julio R., "La actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del control judicial", ED 186-601.
 (17) Gordillo, Agustín A., "Tratado de derecho administrativo. Parte general", t. 1, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2009, p. X-11.
 (18) Olivero, Eduardo R., "La discrecionalidad...", cit., y Corvalán, Juan G., "Un nuevo enfoque sobre la discrecionalidad administrativa", RAP 351-57.
 (19) En cuanto a los diferentes planos de análisis de la discrecionalidad, ver Corvalán, Juan G., "Un nuevo enfoque...", cit., ps. 60 y ss.
 (20) Barra, Rodolfo C., "Comentarios acerca de la discrecionalidad administrativa y su control judicial", ED 146-82.
 (21) Coviello, Pedro J. J., "El control judicial de la discrecionalidad administrativa", en AA.VV., "Control de la Administración Pública", Ed. Rap, Buenos Aires, 2003, p. 627.
 (22) Ampliar en Ivanega, Miriam M., "Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa", cap. VI, Ed. Rap, Buenos Aires, 2011.
 (23) En esos términos: C. Nac. Cont. Adm., sala 2ª, 11/8/2005, "Marassi, Julio C. v. Ministerio del Interior".
 (24) Cassagne, Juan Carlos, "El principio de legalidad. El control judicial de la discrecionalidad administrativa", Ed. Marcial Pons, Buenos Aires, 2009, ps. 174-175.
 (25) Cassagne, Juan Carlos, "El principio de legalidad...", cit., p. 175.
 (26) Cassagne, Juan Carlos, "El principio de legalidad...", cit., p. 191. García de Enterría, Eduardo, "Democracia, jueces y control de la Administración", Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 143.
 (27) Linares, Juan Francisco, "Razonabilidad de la leyes", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1970, p. 151.
 (28) Fallos 326:417 (2003).
 (29) Corte IDH, "Baena, Ricardo y otros", sent. del 2/2/2001, serie C 72, párr. 126.
 (30) Corte IDH, en informe 57/05, petición 12.143, del 12/10/2005, caso "Perales Martínez, Eduardo. Admisibilidad".
 (31) Sesín, Domingo J., "Administración Pública...", cit., ps. 303 y ss. En ese sentido, Fallos 244:548 (1959) y 306:820 (1984).
 (32) C. Cont. Adm. y Trib., sala 1ª, 2/9/2009, "Biglia, Gabriel A. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (art. 14, Const. CABA)".
 (33) Sacristán, Estela, "La motivación como requisito esencial del acto administrativo", en AA.VV., "Acto administrativo y reglamento", Ed. RAP, Buenos Aires, 2002, ps. 65/92. Entre otros, Fallos 320:2509 (1997); 321:1970 (1998); 324:1860 (2001).
 (34) Sacristán, Estela, "La motivación...", cit., p. 92.
 (35) Ivanega, Miriam M., "Las relaciones de empleo público", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009.
 (36) Comadira, Julio R., "Derecho administrativo", Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2003, p. 627.

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